En defensa de España, Stanley G. Payne -2ª parte-



La Guerra Civil de 1936-1939 en perspectiva comparada



En muchas ocasiones se ha dicho que España estaba muy atrasada estaba demasiado atrasada, o que el contexto internacional era demasiado complejo para permitir el desarrollo de un régimen constitucional y democrático. Pero lo único que podemos verificar es lo que de verdad pasó. Durante cuatro años y medio, el sistema funcionó, esencialmente, como un régimen constitucional y democrático, siempre y cuando los actores principales así lo desearon. El régimen sobrevivió a la quema de conventos en 1931, a las tres insurrecciones anarquistas de 1932-1933, a la débil intentona militar de 1932 e incluso a la gran insurrección de los socialistas de 1934, cuyo objetivo era imponer el socialismo revolucionario.

Tal vez el hecho más importante fue el largo proceso electoral que se desarrolló desde febrero hasta mayo de 1936. Durante ochenta años, los propagandistas de la izquierda española han insistido hasta la saciedad en la “legitimidad” de un Gobierno “elegido democráticamente”. Y pese a que era evidente que las tres últimas fases del proceso electoral fueron fraudulentas, durante casi un siglo se creyó que la primera vuelta de las elecciones del 16 de febrero había sido democrática en sus procedimientos. Ahora resulta que ni siquiera eso fue cierto.

La campaña electoral de febrero de 1936 fue la más violenta de la Historia de España, con más de cuarenta muertos, y la violencia de izquierdas continuó en la segunda vuelta del primero de marzo, lo que provocó la retirada de los partidos de derechas, aunque había pocos escaños en disputa. La tercera fase comenzó con la reunión de la Comisión de Actas de las nuevas Cortes el 25 de marzo, que anuló aproximadamente 25 escaños de las derechas para otorgárselos al Frente Popular. Casto dos los historiadores, incluso un comunista como fue Manuel Tuñón de Lara, han condenado este acto fraudulento. La última fase tuvo lugar el 3 de mayo con la repetición de las elecciones en las provincias de Cuenca y Granada, y con la supresión violenta y casi completa de las derechas. En total, estas coacciones permitieron que unas 23 actas pasaran al Frente Popular, que obtuvo una mayoría de 107 escaños, suficiente para reformar la Constitución a su antojo. 

La formación apresurada del Gobierno de Manuel Azaña el 19 de febrero fue el siguiente paso, pues se dio inicio a una política ambigua. Por un lado, se produjeron una serie de abusos fundamentales, como el cierre de los colegios católicos, la eliminación de la misa en algunas parroquias, la expulsión de curas, nuevas leyes para garantizar un control político y unilateral de los jueces y los tribunales, la inclusión de milicianos revolucionarios como “delegados” de policía -en algunos casos, criminales que habían sido juzgados y condenados- para aplicar la ley y, a largo plazo, la puesta en marcha de un proceso para ilegalizar a las organizaciones de derecha. 

Los españoles tienen fama -inexacta y falsa- de ser impacientes, pero su capacidad para aguantar abusos durante los largos meses de desgobierno de Azaña y Casares Quiroga no tienen comparación posible:

  • Una ola de huelgas…
  • La incautación ilegal de propiedades…
  • Una cadena de incendios provocados y la destrucción de propiedades, sobre todo en el sur.
  • La incautación de iglesias y propiedades eclesiásticas.
  • El cierre de colegios católicos
  • Un importante declive económico
  • La amplia extensión de la censura…
  • Varios miles de detenciones policiales arbitrarias …
  • La impunidad en la comisión de los delitos para los miembros de los partidos frentepopulistas. 
  • La politización de la justicia mediante la aprobación de nuevas leyes…
  • Cambios arbitrarios de funcionarios y personal…
  • El comienzo de un proceso de disolución oficial de los grupos de derechas…
  • La subversión de las fuerzas de seguridad gracias a la incorporación de elementos revolucionarios. 
  • El incremento de la violencia política… 
                                                                        (Nota: páginas 168 y 169, para ver completo)


Entre 1932 y 1934 los anarquistas y los socialistas habían protagonizado cuatro insurrecciones violentas y todas habían fracasado. 

Incluso los comunistas cambiaron de táctica. Hasta 1935, la Internacional Comunista, o Comintern, habían seguido una política guerracivilista a ultranza y había perdido las contiendas en todos los países salvo en Rusia. Por eso, en 1935 decidió adoptar la nueva táctica fascista de formar alianzas y explotar la “legalidad burguesa”. De ahí los orígenes del Frente Popular. 

Las izquierdas han insistido muchas veces en que las derechas no tenían paciencia y que rechazaban las reformas. Pero es categóricamente falso. Lo contrario sería más acertado, a la vista de las reiteradas declaraciones de los grupos de empresarios. 

A finales de junio, solo un 15% de los oficiales estaban dispuestos a participar en una revuelta armada, y Francisco Franco no formaba parte de esa minoría. Mola llegó a un acuerdo con los falangistas, pero el 9 de julio las negociaciones con los callistas fracasaron y Mola se sintió incapaz de llevar a cabo su empresa. 

De ahí la importancia del secuestro y asesinato de José Calvo Sotelo en Madrid la noche del 12 al 13 de julio de 1936. Ni mucho menos fue uno más de los cuatrocientos asesinatos sucedidos en aquellos meses, y la enorme resonancia de este acontecimiento no tuvo que ver con el hecho de la víctima fuera uno de los portavoces más importantes de las derechas en las Cortes, sino con la forma en que se hizo y por la identidad de los asesinos. 

Un diputado del Parlamento no podía ser detenido salvo por votación en las Cortes y, sin embargo, Calvo Sotelo fue secuestrado en su casa, por la noche, y asesinado poco después por un escuadrón ilegal de guardias de Asalto y cuatro milicianos del Partido Socialista.

El propio Franco se comprometió con el alzamiento por vez primera y miles de oficiales le siguieron. En la mañana del asesinato se dispuso de la última oportunidad para abandonar el camino que condujo al 18 de julio y dar marcha atrás, pero ¿cuál fue la reacción del Gobierno de Santiago Casares Quiroga? Prácticamente ninguna. Prometió un “investigación rutinaria, como si se tratara de un accidente de tráfico, que nunca se llevó a cabo, y, por el contrario, extendió la censura para esconder la verdad y detuvo a más miembros de la derecha, como si estos hubiesen sido los responsables. 

Por los testimonios de izquierdistas prominentes, como Francisco Largo Caballero, Juan-Simeón Vidarte, Santiago Carrillo y otros, sabemos que Casares Quiroga no buscaba la reconciliación ni estaba dispuesto a hacer lo posible por evitar la sublevación, sino que deseaba que esta se produjera porque estaba seguro de poder aplastarla. 

Una vez iniciada la insurrección, el error de cálculo del Gobierno pronto se hizo evidente. Después de consumar todo el camino, paso a paso, hacia el 18 de julio, Manuel Azaña decidió dar marcha atrás en las primeras horas del día 19 nombrando un nuevo gobierno de izquierdas más moderado. Pero ya era demasiado tarde. Para colmo de males, el último y mayor de sus errores lo cometió veinticuatro horas después, cuando cambió de criterio y optó por favorecer a los revolucionarios entregándoles las armas y, en gran medida, el poder. 

Durante ocho décadas, las izquierdas españolas han denunciado la insurrección del 18 de julio, lo que, desde un punto de vista partidista, es perfectamente lógico, porque lo que desencadenó fue mucho más allá de lo que habían deseado y dio al traste con todas sus ambiciones de dominar España. Desde un punto de vista práctico, en cambio, no es una denuncia convincente, puesto que nunca ha existido un proceso revolucionario que no haya provocado una resistencia contrarrevolucionaria, si bien, en ocasiones, esta ha fracasado. 

Desde muy pronto, la propaganda izquierdista afirmó que la sublevación contrarrevolucionaria constituyó una “rebelión en contra de la democracia”. Pero, de hecho, fue una rebelión en contra de la erosión total de la democracia, porque, si se hubiera mantenido la democracia constitucional, nunca se habría producido una sublevación de importancia. Es una paradoja que el general Franco, que no creía en la democracia, reclamase la conservación y el respeto a la Constitución democrática. 

En toda la historia es difícil encontrar un grupo social o político relevante que hubiera actuado como pedían las izquierdas españolas. De hecho, lo que llama la atención es lo contrario; es decir, la extraordinaria paciencia de las derechas. En muchos países no se hubiese tolerado ni la mitad de lo que se estaba soportando desde hacía meses en España. Cualquier persona que dude de esta afirmación que compare el caso español con las tres grandes civiles de la época moderna en los países de habla inglesa -1640, 1775 y 1861- y verá inmediatamente que la situación en España era bastante peor. 

Uno de los problemas que surgen cuando estalla una contrarrevolución es que esta, en muchas ocasiones, no implica únicamente la anulación de la revolución. Si fuera así, en España se habría vuelto a Lerroux y a Gil-Robles. Pero, como señaló Joseph de Maistre hace dos siglos, una contrarrevolución no es solo lo contrario de una revolución, sino que a menudo se convierte en una especia de revolución contrapuesta, que es lo que pasó en España. 

Es demasiado simplista creer que el autoritarismo de Franco fue el fruto únicamente de las ambiciones malvadas del propio dictador. Es cierto que, una vez elevado ala jefatura única, manifestó su gran ambición y dio paso a un régimen personalista, pero de ningún modo creó la situación autoritaria en que se encontraba España a mediados de julio de 1936. 

En julio de 1936 casi todas las fuerzas políticas pedían un régimen autoritario para España. La CNT quería imponer por la violencia su propia utopía en una fecha determinada; el caballerismo y el POUM pretendían la implantación de la dictadura del proletariado; los comunistas se afanaban por construir la “República de tipo nuevo”; los azañistas y los prietistas perseguían una República solo de izquierdas, eliminando políticamente a la mitad de la nación; los callistas querían imponer su visión monárquica, los monárquicos alfonsinos deseaban una monarquía autoritaria y corporativista; los falangistas, su llamada “revolución nacionalsindicalista”, e incluso bastantes personas del centro o de la izquierda moderada pedían una dictadura constitucional republicana. Fue tarea de Franco ordenar todo esto, por las buenas o por las malas. 

También se ha dicho -falsamente- que nadie deseaba la guerra civil. Lo exacto sería decir que nadie quería una guerra civil tan larga y destructiva y, claro está, una guerra civil que se perdiera. 

De todos ellos, el que durante más largo tiempo mantuvo la posición más moderada y responsable fue el propio Franco. Ironías de la historia. 

La Guerra Civil española de 1936-1939 se ha descrito de muy diversas maneras, en su mayoría relacionadas con afinidades ideológicas o luchas de poder internacionales. En pocas ocasiones se ha analizado partiendo de su definición más precisa, la de un combate entre la revolución y la contrarrevolución que, pese a ser un fenómeno relativamente típico en la Europa de la primera mitad del siglo XX, no dejar de ser singular por su ubicación geográfica, su momento y cuartos rasgos característicos. 

Fue la Unión Soviética, que durante el conflicto y los siguientes cincuenta años siempre se refirió a la “guerra nacional-revolucionaria española”, poniendo el énfasis en la lucha revolucionaria, al contrario de los comentaristas occidentales. 

La Guerra Civil fue el punto culminante de ese devenir revolucionario, y solo en el noreste de Europa -en Rusia, Finlandia y Letonia- y en Hungría pueden encontrarse ejemplos equivalentes en alcance y profundidad. 

Todas las guerras civiles de la época las iniciaron los comunistas (o sus aliados más próximos, como en Finlandia) y, en gran medida, se convirtieron en pugnas entre comunistas y anticomunistas. Pero no fue así en España, donde los primeros eran relativamente débiles. 

La Guerra Civil española también fue singular en su condición de guerra de religión, por el carácter masivo del anticlericalismo de los revolucionarios y por la reacción virulenta que desató. 

En España, el peso de la religión enlazaba con el papel que tradicionalmente había tenido el catolicismo y con la obsesión de los revolucionarios con la Iglesia. 
Primero los soviéticos, y luego los alemanes e italianos introdujeron algunas de sus últimas innovaciones armamentísticos… y hasta cierto punto, utilizaron la guerra española como campo de pruebas, aunque no fuera esta la razón principal para intervenir. 

La fantasía de que los alemanes pusieron a prueba en España la Bliizkrieg es exagerada, porque en la época de la Guerra Civil los estrategas germanos aún no habían concebido del todo esa doctrina. 

Otro mito de la guerra es el que dice que, a consecuencia de los bombardeos de Guernica y otras ciudades, España se convirtió en el campo de pruebas para el bombardeo estratégico. Es cierto que, a través de las operaciones de la Legión Cóndor, los alemanes aprendieron a mejorar sus técnicas de bombardeo, pero debe destacarse que no hubo ninguno de importancia. Se produjeron muchos ataques contra ciudades e instalaciones portuarias, pero todos a pequeña escala. Muchos resultaron aterradores, lógicamente, para quienes los sufrieron, pero en la Guerra Civil española una incursión aérea de envergadura era aquella en la que morían cien personas más, y es imposible comparar estas acciones con las hecatombes de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchísimos miles de personas perecían en un solo bombardeo masivo. 

Los primeros bombarderos alemanes recibidos en España ni siquiera eran bombarderos propiamente dichos, sino lentos aviones de pasajeros que podían equiparse con bombas. Las dos localidades más dañadas por la Legión Cóndor, Durango y Guernica, no sufrieron bombardeos verdaderamente estratégicos -en ese caso, el objetivo habría sido Bilbao, principal centro industrial y demográfico, que en realidad apenas sufrió daños de la aviación-, sino que fueron bombardeadas por su cercanía al frente principal. 

De todas las potencias de la época, fue la Unión Soviética la que más interés mostró en estudiar la Guerra Civil española. No se reflejó en el número de personal enviado a España, considerablemente menor que el de italianos y alemanes, sino en la magnitud del análisis posterior. 

Italia fue la potencia a la que más cara le salió su intervención. Como carecía del poder industrial de Alemania o de la Unión Soviética, los casi 800 aviones y 7.500 vehículos de motor de todo tipo, además de otros equipamientos, enviados a España, constituían una cantidad considerable del arsenal italiano. 

Los contendientes en la España de 1936-1939 y los de la Europa de 1935-1945 no eran los mismos. La Guerra Civil española fue una clara pugna entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, entre la izquierda y la derecha, en la que las potencias totalitarias fascistas apoyaron a la segunda, y la totalitaria soviética a la primera. Por su parte, la guerra europea solo comenzó cuando el pacto germano-soviético consolidó una entente pantotalitaria, lo que supone una situación absolutamente contraria a la de la guerra de España. 

En un primer momento, el líder de la coalición antihitleriana fue Winston Churchill, quien siempre confesó que, de haber sido un ciudadano español, habría apoyado a Franco. 

La Guerra Civil española supuso un incentivo y una oportunidad para iniciar la entente Italo-germana que Hitler siempre había buscado. Mussolini se comprometió con el combate en territorio español y esto privó a Italia, cada vez más, de margen de maniobra, atándola a una Alemania que pronto se convirtió en el socio dominante. Este realineamiento permitió a Hitler anexionarse Austria en marzo de 1938 y proceder con más rapidez aún contra Checoslovaquia. 

La política soviética resultó contraproducente, salvo por las ganancias obtenidas por el oro español y en materia de espionaje, y en abril de 1939, cuando ya terminaba la guerra en España, la Unión Soviética estaba más aislada que en julio de 1936. En gran medida, Hitler se burló de Stalin, y volvería a hacerlo por segunda vez entre 1939 y 1941, hasta que cometió el increíble error de enfrentarse a la vez a las dos principales potencias de la época. 

El Gobierno británico pronto llegó a la conclusión de que una España dominada por el régimen de Franco sería independiente de Alemania y que no pondría en peligro los intereses vitales británicos. 

No fue una guerra especialmente cruenta en cuanto al número total de bajas en las fuerzas armadas. En esto, la Guerra de la Secesión norteamericana siempre se lleva la palma, tanto en cifras absolutas como proporcionales, con sus 700.000 muertes. En España, el total de la primera guerra callista, o el total durante los diez años de guerras entre 1868 y 1878, fue en ambos casos más alto, el primero en términos absolutos y el segundo en términos proporcionales. 

Es dudoso que el número de militares muertos en ambos bandos supere en mucho los 150.000, a los que habría que añadir un mínimo de 20.000 extranjeros. 

Casi igual de mortífera fue la represión de civiles en ambos lados, con unas 55.000 ejecuciones realizadas por los republicanos y una cifra algo superior por los nacionales. Algunos estudiosos insisten en que esta última cifra duplicó las ejecuciones republicanas, pero carecemos de datos para verificarlo. 

Las ejecuciones políticas continuaron en los dos bandos hasta el final; las de los republicanos, en menor medida cuando entraban en territorio nuevo, mientas que las de los nacionales fueron mucho más numerosas después de la conquista de Asturias en octubre de 1936. Es dudoso que, en total, la cifra pasara de las 120.000 muertes, pero, incluso así, el dato es espantoso, por más que haya precedentes en otras guerras civiles revolucionarias. 

El número total de víctimas que ocasionó la violencia supuso en torno al 1,1% de la población, y si añadimos las víctimas civiles provocadas por otras razones, el número de muertes atribuibles a la Guerra Civil alcanza más o menos 344.000, es decir, casi el 1,4% de la población. 

Pero el final de la guerra no implicó el final de las muertes. En virtud de la Ley de Responsabilidades Políticas promulgada por Franco en febrero de 1939, varios cientos de miles de republicanos fueron juzgados por tribunales militares durante los primeros años de la posguerra y muchos fueron investigados por delitos de sangre. Los cálculos y especulaciones sobre la cantidad total de ejecuciones varían enormemente. El único estudio general sistemático de archivo es la investigación de las sentencias de los tribunales del Ejército emprendida por Miguel Platón, todavía no finalizada. Sus conclusiones preliminares arrojan una cifra total de 25.000 penas de muerte, de las cuales casi la mitad fueron conmutadas por Franco.

El nivel de vida no comenzó a mejorar de modo significativo hasta después de 1945. Para 1942 lo peor ya había pasado, pero solo en 1951 se alcanzó el nivel de renta per cáspita de la época prebélica. 

Aunque Franco no había perdido del todo su prudencia innata, su régimen se proclamó no solo nacionalista, sino “imperial”, mostrando su ambición por ocupar un lugar mucho más importante en el mundo. 

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