En defensa de España. Stanley G. Payne, 1ª parte




Las izquierdas de la Segunda República fueron resueltamente “antiespañolistas”, como ya señaló Manuel Azaña. Asumieron la leyenda negra y rechazaron casi toda la historia y las instituciones tradicionales.

Desde el primer momento, por el contrario, los sublevados proclamaron el “¡Viva España!” Y enarbolaron la bandera del nacionalismo español. 

El franquismo no fue solo heredero de la tradición, sino también de la cultura moderna. 

Bajo Franco, el país se acostumbró a tener una imagen negativa en el extranjero. 

En el siglo XXI, la leyenda negra de España, en Europa y América, se reduce a algunos tópicos que carecen de fuerza e importancia. En cambio, sigue muy viva entre las izquierdas españolas. 

Se ha creado el gran mito de que al-Ándalus en la época medieval era un paraíso de tolerancia y multiculturalismo, una visión que resulta anacrónica y falsa… Al-Ándalus, de hecho, llegó a ser menos tolerante que el Medio Oriente árabe tanto con los judíos como con los cristianos. 

La Reconquista fue una hazaña tan grande y singular que solo por esta razón la Historia de España es totalmente diferente a todas las demás. 

En el año 1640 la Península sufrió una crisis territorial interna con dos manifestaciones de primer orden: las revueltas separatistas de Cataluña y Portugal. Después de años de lucha, Portugal consiguió la independencia y Cataluña fue de nuevo integrada en España (1652). Estos acontecimientos marcaron la actual división de la Península y adjudicaron la denominación de España a todos los territorios, a excepción de Portugal. En cambio, la creación de una nación moderna en España fue obra de sus dos siguientes regímenes: la monarquía borbónica y, aún más, el parlamentarismo monárquico liberal. 

La monarquía española, al menos con los Habsburgo, nunca se refirió a las posesiones de ultramar como “imperio”. 

Occidente asumió el papel preeminente al aceptar con más facilidad las influencias del exterior, lo que permitió un desarrollo muy superior respecto a otras partes del mundo. 

España es el único país occidental para el que la idea de “decadencia” o, al menos, de soportar cierto atraso, llegó a convertirse en obsesión. 

La principal victoria conseguida fue la defensa de Cartagena de Indias -actual Colombia- por Blas de Lezo, en 1741, contra una gran armada enemiga en lo que fue la derrota más notable de los británicos durante la primera mitad del siglo. 

El liberalismo español arranca en los años 1809 y 1810. Fue uno de los primeros en desarrollarse en el siglo XIX y durante las siguientes décadas ejerció una influencia considerable en Europa e Hispanoamérica. Con altibajos, entre 1834 y 1923 proporcionó casi noventa años de gobierno parlamentario al país. 

La Constitución de 1812 fue más juiciosa y razonable que cualquiera de las redactadas durante la época de la Francia revolucionaria, y para las siguiente generación liberal, la gran Carta Magna europea. 

España había sido uno de los primeros países en abandonar la estructura de estamentos o corporaciones a favor de la votación directa de los ciudadanos, y lo hizo ante que otros países más modernizados, como Alemania o Suecia, e incluso como Gran Bretaña con su House of Lords. 

A finales de siglo se unió a esta relación la sensación de fracaso que inhibió la creación de proyectos nacionales y potenció la formación de los nacionalismos catalán y vasco, y otros regionalistas, de forma tal que en el siglo XX el término “nacionalismo” ya no se identificaba con la nación española. 

Hasta los primeros años del siglo XX el único país que podía semejarse a España en el número de guerras civiles era Colombia. 

La derrota sufrida en 1898 ante Estados Unidos no supuso el aislamiento de España ni que abandonara los foros internacionales. De hecho, la entrada de España en Marruecos en 1906-1913 no fue una iniciativa completamente española, sino un efecto del torbellino del nuevo imperialismo francés. 

Es la época de la denominada “literatura del desastre” y de la Generación del 98 -como se les empezó a llamar diez años después-, y llama la atención que tuvieran una visión tan sesgada de su propio país. Tremendamente negativos, sobre todo por las mencionadas pérdidas territoriales, estos escritores no llegaron a identificar los aspectos positivos, pese a que España estaba plenamente integrada en la órbita europea y, con mucho esfuerzo, había alcanzado cierto grado de modernización. 

Durante más de un año se hicieron varios intentos para organizar elecciones, pero sin éxito. Cuando, tímidamente, se convocaron los comicios en abril de 1931, solo fueron municipales, y una nueva alianza republicano-socialista ganó en casi todas las grandes ciudades y presionó para que el rey entregara cuanto antes el poder. Alfonso XIII se encontró aislado de repente. Después de un siglo de liberalismo, la sociedad española no toleró mantener a un rey complaciente con el autoritarismo. 

España, ciertamente, no ganaba nada cambiando un rey por un presidente de la República y, de hecho, los dos jefes de Estado de la República, Nieto Alcalá-Zamora y Manuel Azaña, fueron más arbitrarios que don Alfonso. En realidad, el rey no conspiró con el dictador en 1923, sino que aceptó los resultados de un pronunciamiento al que ninguna fuerza política o militar parecía dispuesta a enfrentarse -obediencia a una nueva tendencia en la política europea- y que, en un primer momento, fue bien recibido por un amplio y transversal sector de la opinión pública española. 

Al final, Alfonso XIII optó por abandonar el trono para no alentar la confrontación civil. Cinco años después, el presidente de la República no se comportaría del mismo modo. 

Después del desastre de 1873-1874, el republicanismo gozaba de mala prensa en España y durante mucho tiempo sus partidarios eran pocos y con frecuencia estaban muy divididos. 

Ante la victoria aplastante de los republicanos en las grandes ciudades, la moral de los monárquicos se desplomó y, en la noche del 14 de abril, Alcalá-Zamora y sus seguidores se hicieron con el Gobierno, abriendo la etapa más polémica de la historia contemporánea española. 

La afirmación de Javier Tusell de que la Segunda República constituía “una democracia poco democrática” es del todo cierta; sin duda alguna la mejor definición en cuatro palabras. 

Al principio, una pequeña minoría de extrema derecha reaccionó de manera histérica al grito de “¡La República nos lleva al comunismo!”. En 1931 este planteamiento parecía absurdo, pero seis años después se demostraría que no estaba tan lejos de la verdad. 

Una gran parte de los españoles continuaban siendo moderados o claramente conservadores. Los partidos revolucionarios, incluso unidos con las izquierdas “burguesas”, nunca lograron una mayoría de votos en unas elecciones normales. 

La falta de tacto de Azaña, que parecía responder a un estilo deliberado, convirtió la reforma militar, en general sensata, en algo que se percibió (con exageración) como una vendetta anti militar y que generó la hostilidad entre unos oficiales que, al principio, no eran contrarios a la República. 

Inicialmente, el objetivo era reducir el catolicismo a ritos puramente privados, como antes se había hecho con el protestantismo, pero después, en la primavera de 1936, se dio paso a una persecución violenta, con la clausura de escuelas, la confiscación ilegal de iglesias y otras propiedades, los ataques personales a católicos, la prohibición de celebrar la misa en ciertas áreas y los cada vez más frecuentes incendios de edificios católicos. 

Es cierto que el Gobierno de izquierdas construyó y abrió numerosas aulas, pero su objetivo era cerrar las católicas, llegando, en el mejor de los casos, a una suerte de equilibrio en cuanto a la expansión de las facilidades educativas. 

Las izquierdas rechazaron la idea del consenso desde el comienzo, creyendo que podrían controlar la República de manera perpetua, pues era “suya”, y prepararon una ley electoral de mayorías con la falsa idea de que eso les garantizaría la victoria en todas las elecciones. 

La CEDA siempre respetó la legalidad, no creó milicias armadas, no recurrió a la violencia y nunca lanzó una insurrección contra la República. 

La política de exclusión que el presidente Alcalá-Zamora practicó respecto a la CEDA constituyó el talón de Aquiles de la Segunda República e imposibilitó una evolución pacífica. La alternativa fue entregar el poder a unas izquierdas mucho más radicalizadas que en 1931, que ya no tenían interés alguno en el régimen constitucional original, sino en una república popular más revolucionaria. 

En diciembre de 1935 Alcalá-Zamora se negó a seguir la lógica de la democracia parlamentaria y permitir que el partido más votado formase y dirigiese el Gobierno, pero la alianza que le apoyaba tenía una mayoría parlamentaria estable con dos años más de vida. Si lo hubiese hecho, en el peor de los casos se habría producido una significativa reforma constitucional en 1936. 

En la izquierda, la semilealtad de los socialistas fue mucho más problemática, hasta el punto de que podemos preguntarnos si eran siquiera “leales”. 

La insurrección revolucionaria de 1934 puso de relieve que el grueso de las izquierdas españolas se hallaba comprometido con diversas formas de acción revolucionaria , incluso contra la República democrática. 

El caso español de 1934-1937, empezando con la sublevación revolucionaria de las izquierdas obreras, encabezada por un movimiento socialista, pero no bolchevique, contra una democracia establecida, carecía de precedentes en Europa.

Los radicales no fracasaron por cometer grandes errores, como sí hicieron Alcalá-Zamora o las izquierdas, sino por no poder ser más de lo que fueron. Si hubieran contado con homólogos significativos en el centro, la democracia constitucional podría haber sobrevivido. 

Destruir una situación de gobierno parlamentario fue el colmo de la irresponsabilidad, y Alcalá-Zamora lo hizo porque quería vetar un Ejecutivo liderado por Gil-Robles. 

El problema básico era sencillo: Azaña y los demás sectores de izquierdas no aceptarían como legítimos los resultados de unas elecciones de las que no resultarían ganadores. 

Cuando tales actitudes llevaron a los socialistas y a los catalanes de izquierda a la insurrección revolucionaria de 1934, este acto sanguinario nunca recibió ni una palabra de condena por parte de Azaña, que acabó sellando un pacto electoral con unos revolucionarios que nunca renunciaron a sus metas antidemocráticas ni a sus métodos insurreccionales. 

La presentación de Manuel Azaña como el símbolo de la “República democrática” es una de las grandes equivocaciones, supercherías y falsedades de la historiografía española contemporánea. 

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