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Evolución política, literaria y científica del pueblo español durante la Reconquista - Julián Juderías

Pasajes de "La leyenda negra", de Julián Juderías

Evolución política, literaria y científica del pueblo español durante la Reconquista

Leyendo nuestros anales se echa de ver que si ha habido un principio dominante en nuestra historia, más dominante que en la historia de otras naciones, es el de la intervención del pueblo en los negocios públicos, dando a la palabra pueblo un sentido amplio capaz de abarcar todos los elementos ajenos al poder real. Lo prueba antes que nada el carácter electivo que en un principio tuvo la dignidad real. “La elección popular era en España, ha dicho Du Hamel, el principio constitutivo del trono, y componiendo de hecho los Concilios en los primeros tiempos la representación nacional, por consentimiento de los pueblos, se hallaron, por consecuencia, en posesión del derecho de nombrar soberano”.

El IV Concilio de Toledo, presidido por San Isidoro sentó el principio de que nadie sería rey sin que precediese su reconocimiento por los Concilios y de que una vez reconocido como tal, nadie podría atentar a su vida bajo pena de excomunión. Es en esencia el mismo principio que rigió después y que sigue rigiendo hoy con las alteraciones de forma introducidas por el tiempo. La monarquía absoluta, la monarquía de derecho divino, puede afirmarse que no ha existido en nuestra patria y que el derecho divino de los reyes, su autoridad absoluta, comenzaba en el punto y hora en que la representación nacional sancionaba su derecho a ocupar el trono y por ende le trasmitía el poder para gobernar el reino. La monarquía electiva se transformó en España en monarquía hereditaria de una manera lenta e insensible y se había admitido como una costumbre antes de que la ley sancionase el cambio. De dos medios se valieron los reyes para conseguirlo: poniendo en vigor antiguas leyes godas o adoptando procedimientos adecuados a los tiempos y a las circunstancias.

Demuestra lo dicho la importancia extraordinaria que tuvieron siempre en nuestra patria las representaciones nacionales llámense Concilios, como los de Toledo, Curias o Juntas mixtas como las de los primeros tiempos de la monarquía cristiana, o Cortes como las sucesivas a partir del siglo XII. La intervención del estado llano en las asambleas nacionales, que es lo que caracteriza las verdaderamente populares, comienza en las celebradas en Burgos en 1169. Desde entonces el estado llano, los representantes de las villas y ciudades no dejan de asistir a ellas. Quedaron, pues, las Cortes constituidas en Castilla por el clero, la nobleza y los personeros, mandaderos o procuradores de las villas, ciudades. Debía reunirse la asamblea en el lugar que el rey designase, pero no en plaza fuerte donde la libertad de los procuradores se hallase cohibida por la fuerza militar y disfrutaban los mandatarios de una inviolabilidad que comenzaba el día en que marchaban a las Cortes y terminaba el en que regresaban a sus casas. Reuníanse las Cortes para presenciar el juramento de los reyes y príncipes y jurarles a su vez, para votar los impuestos, para hacer súplicas al monarca y para conocer de los asuntos graves como paces y guerras. No tenían, sin embargo, participación en la potestad legislativa, aun cuando, poco a poco, la costumbre les fue otorgando intervención en la redacción de las leyes. En Cataluña, comienzan las Cortes en 1064 con las celebradas aquel año en Barcelona; en Aragón, con las de Jaca en 1071; en Navarra, con las de Huarte Araquil en 1090, y en Valencia, con las de 1239, reunidas un año después de reconquistada la ciudad y el reino por los aragoneses. Las Cortes aragonesas, navarras y catalanas se diferenciaban de las de Castilla en un punto esencial: en que compartían con el monarca la potestad legislativa, es decir, que gozaban de las mismas facultades que las asambleas modernas. Como vemos, el régimen parlamentario, entendiendo por tal la intervención directa de la nación en los asuntos del Estado, el derecho de que los impuestos sólo pudiesen cobrarlos los reyes después de votados por los representantes de los que iban a pagarlos, y, sobre todo, la participación más o menos directa en la redacción de las leyes y en la validez de las mismas, existió en España mucho antes que en los países que nos califican de atrasados y de sometidos al yugo clerical o al de los monarcas. En Inglaterra el parlamento no quedó constituido hasta el siglo XIII y el model Parliament del rey Eduardo no fue convocado hasta 1295, cuando ya llevaban casi un siglo asistiendo a las Cortes nuestro procuradores mientras que en Francia, según confesión de Guizot, los Estados generales nada representaron en la gobernación del país y su primera asamblea legislativa fue la de 1789. “La constitución –dice Du Hamel- siguió compuesta de los triples elementos del torno, la aristocracia y la democracia, tan útiles a las sociedades cuando los tres están combinados en justa y exacta proporción. Bajo su imperio llegó España a un grado de prosperidad y de civilización superior al de otros Estados del continente, época que resume tan juiciosamente Robertson, el célebre historiador del emperador Carlos V, con estas palabras: “La España tenía al principio del siglo XV un grandísimo número de ciudades mucho más pobladas y florecientes en las artes, en el comercio y en la industria que las demás de Europa, a excepción de las de Italia y de los Países Bajos que podían rivalizar con ellas”. El mismo escritor añade en otra parte: “Los principios de libertad parece que fueron en esta época mejor entendidos por los castellanos que por nadie. Generalmente poseían estos sentimientos más justos sobre los derechos del pueblo y nociones más elevadas acerca de los privilegios de la nobleza que las demás naciones. En fin, los españoles habían adquirido ideas más liberales y mayor respeto por sus derechos y sus privilegios; sus opiniones sobre las formas del gobierno municipal y provincial, lo mismo que sus mirar políticas, tenían una extensión a la que los ingleses mismos no llegaron hasta más de un siglo después.

La Constitución aragonesa ha merecido grandes elogios de los tratadistas extranjeros, Prescott llama al Justicia “barrera interpuesta por la Constitución entre el despotismo por una parte y la licencia popular por otra” y Pruth dice en la Historia universal, de Oncken, que la organización política de los aragoneses fue la única de la Edad Media que puede compararse con las Constituciones modernas.

Pero si todo esto revela el espíritu de independencia de los españoles y destruye no pocos argumentos de los escritores extranjeros en punto a su sumisión y a su servilismo ante el rey o la iglesia, era también causa no pequeña de debilidad. Los privilegios obtenidos por la nobleza y su derecho a abandonar el servicio del rey, reconocido en las leyes antiguas, y los privilegios obtenidos por los concejos y consignados en los fueros municipales, consecuencia necesaria unos y otros del estado constante de guerra, determinaron la existencia en la península de multitud de Estados pequeños dentro de cada uno de los grandes, señoriales los unos, concejiles los otros, con facultades ambos para tener tropas, pactar alianzas e imponerse al poder real hasta el extremo de hacerlo ilusorio. El individualismo de la raza se desarrolló portentosamente durante aquellos tiempos y causa verdadero asombro el más ligero examen de aquella sociedad, que tenía, sí, una idea común, la guerra contra los infieles, pero que se hallaba dividida y subdivida hasta el infinito por leyes, fueros, privilegios y rivalidades que hacían imposible la coordinación de tantas y tan robustas energías. De aquí que la labor de los reyes consistiera, necesariamente, en la destrucción de los obstáculos que se oponían a su autoridad. La labor fue dura y lenta. Tropezó con innumerables obstáculos y no se consiguió en Castilla hasta una fecha relativamente reciente; en Aragón y Cataluña la uniformidad legislativa se obtuvo antes, pero todavía quedaba por realizar en el siglo XV la fusión de aquellos elementos políticos discordes y a esta obra se consagraron los monarcas apelando a los procedimientos más distintos.


La Inquisición española, María Elvira Roca Barea

Fuente: Imperiofobia y leyenda negra, María Elvira Roca Barea. Biblioteca de ensayo Siruela. 

(Pasajes del libro)


El Santo Oficio: algunos datos

La Inquisición nació en 1184 en el Languedoc para luchar contra la herejía de los cátalos en tiempos de grandes turbulencias espirituales y sociales. Montados como tenemos en el cerebro los resortes de prejuicios inveterados, la primera idea que surge inmediatamente es que la Inquisición nació para “reprimir” -palabra maldita- a los herejes. Y es cierto. Pero también nació para evitar linchamientos y atropellos indiscriminados, y que cuatro vecinos de un villorrio decidieran quemarle la casa o colgar de un árbol a un compadre al que detestaban, con la excusa de que era un hereje. Su propósito, por tanto, eran también evitar desórdenes públicos y someter el delito de herejía a un procedimiento reglamentado de forma que nadie pudiera tomarse la justicia por su mano. Esta primera Inquisición, la llamada Inquisición papal, no tuvo jurisdicción en todos los territorios católicos y quedaron excluidas la Europa Oriental, Inglaterra y Castilla. Porque no había en el reino, Enrique IV solicitó al papa su creación. En Aragón existía desde 1249. En Castilla la implantó una bula de Sixto IV en 1476.

La Inquisición, que existía en muchos reinos europeos, empezó a adherirse a la hispanofobia en Italia por el sencillo motivo de que fue vista como una institución española. 

El estudio serio de la Inquisición lo comenzó el estadounidense Lea, todavía fuertemente contaminado de prejuicios, el cual fue el primero que se metió a fondo en los archivos de la Suprema en Simancas. La Suprema era el órgano rector del Santo Oficio y el que desde mediados de siglo XVI centralizó y clasificó la documentación de todo el país. Su trabajo monumental probaba que la realidad había sido muy distinta de la propaganda. Es el primer intento, bastante tímido pero meritorio, de sacar la Inquisición del mundo de las pasiones y los mitos. Las dos guerras mundiales y la Guerra Civil detuvieron el progreso de esta investigación a gran escala, que recibió un nuevo impulso en los años sesenta. Precedidos por el trabajo innovador de Julio Caro Baroja, que rompía con los tópicos habitualmente aceptados parar presentar al inquisidor como un funcionario bastante burocratizado y poco peligroso, el danés Gustav Henningsen y Jaime Contreras comenzaron en 1972 una revisión de las más de 44.000 causas archivadas por la Suprema con el objeto, en un primer momento, de estudiar el desarrollo de la brujería en España. Por aquel entonces los archivos de la Inquisición, que se habían custodiado en Simancas, habían sido trasladados al Archivo Histórico Nacional de Madrid, mudanza que se verificó en 1914. Sus conclusiones fueron sorprendentes. 

Los estudios de Henningsen y Contreras sobre las 44.674 causas abiertas por la Inquisición entre 1540 y 1700 dan una cifra de 1.346 personas condenadas a muerte por el Santo Oficio. Henry Kamen eleva la cifra a unas 3.000 víctimas en toda su historia y territorios en que existió. Para contextualizar adecuadamente estas cifras se debe tener en cuenta que la Inquisición entendía de crímenes que son así considerados hoy día: bigamia, prostitución, proxenetismo, perjurio, violaciones, abusos a menores, falsificación de documentos y de moneda, contrabando de armas y caballos y piratería de libros, esto es, lo que hoy llamamos delitos contra los derechos de autor. 

Sir James Stephen calculó que el número de condenados a muerte en Inglaterra en tres siglos alcanzó la escalofriante cifra de 264.000 personas. Algunas condenadas fueron por delitos tan graves como robar una oveja. Según el investigador protestante E. Schafer, autor de un monumental trabajo de investigación sobre el protestantismo en España, el número de protestantes condenados por la Inquisición española entre 1520 y 1820 fue de 220. De ellos solo doce fueron quemados.

La practica de la tortura estaba rigurosamente reglada en el Santo Oficio. Los estudios de Lea y Kamen confirman que su uso fue siempre excepcional, y que apenas se utilizó el 1 o 2 por ciento de los casos que se investigaban. La tortura no podía poner en peligro la vida del reo ni provocar mutilaciones y se hacía siempre en presencia del médico.

La Inquisición fue el primer tribunal del mundo que prohibió la tortura, cien años antes de que esta prohibición se generalizara. En contra de la opinión común, nunca se aceptaron las denuncias anónimas. 

En 1994 la BBC produjo un documental de 50 minutos titulado “The Myth of the Spanish Inquisition”. Participan en él Stephen Haliczer, Álvarez-Junco, Henry Kamen y Jaime Contreras. Se emitió en el espacio de máxima audiencia Whatch time en el primer canal de la BBC. Lo produjo el historiador e hispanista Nigel Towson. Es uno de los mejores documentales sobre la Inquisición que se han hecho. Hasta donde alcanzan mis conocimientos, nunca ha sido emitido en España por una cadena abierta de alcance nacional. Comienza con un parodia de los Monty Python (uno de ellos caracterizado de Guy Fawkes) bastante graciosa y, aunque la frase inicial no anima al optimismo, la intervención de algunos de los mejores especialistas sobre el tema consigue ofrecer al público lo que las investigaciones históricas a base de archivos y documentos, no de panfletos y truculentas imágenes, ha podido poner en claro. En conjunto, la exposición del contexto y los datos es impecable. El profesor Haliczer, de la Universidad de Illionois, basándose en su trabajo sobre la Inquisición en Valencia hecho sobre el análisis de 7.000 casos, pone de manifiesto que solo se empleó la tortura en menos del 2 por ciento de los casos, y que las sesiones no pasaban de 15 minutos. De ese 2 por ciento, menos de un 1 por ciento recibió una segunda sesión y nadie soportó una tercera. Además los inquisidores tenían su propio manual de procedimiento en el que se especificaba qué se podía hacer y qué no. Quien se excedía, era destituido. Haliczer insiste en que las cárceles de la Inquisición eran muy benignas. En los casos por él revisados aparecen reos que blasfeman con el propósito de ser trasladados a las cárceles inquisitoriales. Un truco que los inquisidores conocían, pero no podían evitar. 

Con gran ardor, Kamen insiste en que en comparación con otros tribunales de España, la Inquisición es la que menos se vale de la tortura y, si se amplia la perspectiva al resto de Europa, resulta que el comportamiento de la Inquisición “es impecable”. En Inglaterra una persona podía ser torturada o ejecutada -descuartizada, para ser más precisos- por dañar unos jardines públicos, y en Alemania las torturas podían llevar a perder los ojos. En la vecina Francia era admisible desollar viva a la gente. La Inquisición española jamás empleó estos métodos tan frecuentes en los tribunales de toda Europa. Nunca hubo emparedamientos ni se usó el fuego ni se golpeó a nadie en las articulaciones ni se usó la rueda ni la dama de hierro. Tampoco acosaban ni vejaban a las mujeres, que raramente fueron torturadas. Estaba prohibido el empleo de la tortura en mujeres embarazadas o criando, y en niños con menos de doce años. 

La desproporción en el número de muertos entre la Inquisición española y las inquisiciones protestantes es brutal. Contreras destaca que en toda Europa solo un tribunal reaccionó de manera diferente ante la brujería y este fue la Inquisición, que simplemente consideró la brujería un engaño y no procesó a casi nadie solo por ese motivo. Los inquisidores eran abogados y apoyaban sus conclusiones en pruebas y evidencias, no en rumores ni acusaciones anónimas. En España mueren por herejía muchas menos personas que en cualquier otro país de Occidente. En el siglo XVI se ejecutaron (son cifras de Kamen) entre 40 y 50 personas en todos los territorios españoles, incluida América. Solo las persecuciones de herejes católicos en la Inglaterra isabelina provocaron casi 1.000 muertos, entre religiosos y seglares. Por no mencionar a los irlandeses. En Francia, según las propias autoridades católicas, se ejecutaron en el espacio de unos cinco años en ese siglo a más de 300 personas, y esta desproporción se repite en cada país que consideremos: “Encontramos que las personas que murieron por herejía en España o por persecución religiosa de cualquier tipo, incluyendo a los falsos conversos, es mínimo comparado con otros países”. 

Un documental tan inesperado, tan plagado de datos irrefutables, puede llevar al optimismo. Este se acaba de inmediato cuando se descubre que en el año 2000 la misma BBC produjo otro documental titulado Spanish Inquisition: the brutal truth. Comienza de este modo: “Entre 1478 y 1833 miles de personas fueron detenidas, torturadas y ejecutadas porque sus creencias religiosas no estaban bien vistas en su país. Fueron víctimas de la Inquisición española. La Inquisición fue una organización siniestra tan oculta por la leyenda que hasta ahora ha sido difícil contar la verdadera historia de eso días lúgubres de la Iglesia católica”. Y sigue: “La Inquisición española se recuerda como el primer y más terrorífico ejemplo de policía del pensamiento”. Mientras tanto, en pantalla, la bandera española (la actual, la constitucional) ondea entre hogueras y desfiles nazis. No hubo aparato de tormento y represión comparable hasta la Gestapo y el KGB. Guillermo de Orange hubiera palidecido de envidia ante un reportaje semejante. A quien no esperaríamos encontrar en medio de este aquelarre de hogueras y banderas nazis es al señor Henry Kamen. Sin comentarios. 

Goya, abducido por la propaganda ilustrada, dibuja escenas inquisitoriales que él ya no tuvo ocasión de presenciar. 

La Inquisición es un icono y su representación mental pertenece más al mundo de las realidades simbólicas que al de la verdad histórica. 

El solo hecho de que la palabra haya pasado al uso común ya indica que hace tiempo que la Inquisición pasó de ser una institución histórica a evocar un complejo mundo de representaciones inventadas. 

Llegados a este punto, no es exagerado decir que hace ya mucho tiempo que la Inquisición abandonó el terreno tangible de la historia para alcanzar el Olimpo de los mitos, y desde ese punto debería ser estudiada. 

Los Reyes Católicos y los judíos (quinta y última parte)



31 de marzo de 1492

En la tradición historiográfica judía se ha conservado conciencia de que la decisión de expulsarlos de España estaba tomada desde mucho tiempo antes, pero que se esperó hasta el fin de la guerra de Granada para no privarse de los beneficios económicos que se estaban obteniendo. Menos verosímil es otra versión que pretende que Isabel, muy presionada por Torquemada, era muy partidaria de la medida, pero que costó trabajo convencer a Fernando. La documentación conocida no permite sostener tales diferencias; marido y mujer aparecen, en este asunto, absolutamente unánimes. Ambas noticias quedaron después envueltas en muchos relatos fantásticos y legendarios. Pero subsiste el hecho de que, generación tras generación, el odio a la memoria de Isabel se ha conservado incólume y sin variaciones apreciables. Los cronistas cristianos se limitan a decir que el rey y la reina, movidos por el convencimiento de que se hallaba en peligro la fe, decidieron firmar el decreto. 

Tras las investigaciones de Maurice Kriegel y otros historiadores muy recientes, se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que el texto del famoso decreto fue redactado por Torquemada. Luego, por su propia autoridad, el inquisidor general amplió el plazo que se diera para la salida a fin de cubrir la diferencia entre la firma y la publicación. Fue pregonado en Granada el mismo día 31 de marzo, pero en otros lugares del reino transcurrió cierto tiempo antes de que se diera a conocer. La cancillería aragonesa lo registró por tratarse de un documento que afectaba también a los reinos de la Corona. 
A fin de asegurar la legalidad de la medida se establecían en el decreto las tres siguientes condiciones:

  1. Se había comprobado la existencia de dos delitos sociales cometidos por los judíos y de consecuencias muy graves: usura y herética pravedad. Los medios empleados para combatirlos habían resultado hasta entonces ineficaces, por lo que no existía otro recurso que eliminar la fuente de la que procedían. 
  2. Se otorgaba un plazo de cuatro meses antes de hacer efectiva la salida, considerado como tiempo suficiente para tomar una decisión: los que recibieran el bautismo o retornaran con propósito de recibirlo, quedaban integrados en la comunidad del reino sin diferencia alguna. 
  3. Reconocimiento de la plena propiedad y disponibilidad de todos sus bienes, muebles e inmuebles, sometiéndose desde luego a las leyes del reino que prohibían la salida de oro, plata, caballos y armas; de modo que podían llevar su capital en letras de cambio o en mercancías de libre circulación. Esa segunda opción resultaba ventajosa para quienes tenían posibilidades de comerciar. Ninguna de estas cláusulas se habían aplicado en anteriores expulsiones -Inglaterra, Francia, Austria-, ni tampoco en las persecuciones religiosas y antisemitas cercanas a nosotros. 

Como en la aplicación del decreto y en otras disposiciones posteriores se especificaron con detalle las ventajas que acompañaban a la conversión -entre otras, la de quedar a salvo de cualquier acusación inquisitorial-, es evidente que el objetivo perseguido era la erradicación del judaísmo y no la salida de los judíos. Recurriendo al absurdo podríamos llegar a decir que si todos los miembros de la comunidad hubiesen optado por el bautismo, no podríamos hablar de expulsión. Pero la comunidad judía española, víctima de persecuciones y violencias, se había depurado adquiriendo firmeza en la fidelidad a su religión. La respuesta, por tanto, iba a enderezarse por caminos distintos. 

Como los otros altos dirigentes, siguiendo el ejemplo de Seneor y del rabí Mayr, se bautizaron, Isaac Ben Judah Abravanel se encontró al frente de la comunidad y un poco responsable de la misma. Los reyes le mostraron su favor otorgándole condiciones muy especiales -un finiquito de todas sus deudas y una licencia singular para sacar oro y plata procedentes de sus bienes- que habrían de permitirle alcanzar con sus hijos, una holgada posición en Italia, conservando incluso condiciones de interlocutor válido tras el destierro. Años más tarde, cuando vivía fuera de España, reveló a sus amigos y parientes que durante su estancia en Santa Fe, aclarando las cuentas, había efectivamente negociado un permiso de residencia de algunos años más, pagando por él. De ahí nació la leyenda de que, advertido Torquemada, se presentó éste ante los reyes y arrojó sobre la mesa un crucifijo recordando que Judas había vendido a Jesús por treinta monedas y ellos iban a hacerlo por treinta mil. Las novelas suelen tener un fondo real. 

Importa mucho recoger aquí la exposición de motivos con que comienza el decreto, ya que constituye la “versión oficial” acerca de todo el proceso. No tenemos que recurrir a suposiciones, pues sabemos cómo enfocaban el asunto los autores de la declaración. Toda ella tiene un contenido religioso de acuerdo con las tesis de los inquisidores. Los Reinos se hallaban bajo la gravísima amenaza de la “herética pravedad”; si no se eliminaba, llegaría a destruir a la sociedad cristiana. Los motivos de las Cortes de Toledo para imponer una radical separación se fundaban en que la convivencia favorecía “el mayor de los crímenes y más peligroso y contagioso”, pues “se prueba que (los judíos) procuran siempre por cuantas vías y maneras pueden subvertir y sustraer de nuestra santa fe católica a los fieles cristianos”. De este modo quedaba establecido el principio de la maldad congénita del judaísmo y de quienes lo practicaban. 

Hasta aquí la exposición de los motivos. Inmediatamente después se pasaba a explicar las medidas adoptadas, de tal forma que pudieran sostener el principio de que se había procedido siempre de acuerdo con las leyes del reino. Los judíos, que no eran parte del mismo y, por consiguiente, entraban en la categoría de simples moradores, dispondrían de cuatro meses para preparar y efectuar su salida, la cual podían evitar únicamente dejando de ser judíos para convertirse en cristianos. Se les garantizaba la libertad personal y la disponibilidad de bienes por medio de un seguro real, el más fuerte que las leyes contemplaban. 

¿Creyeron los Reyes Católicos que, dadas las condiciones indicadas, muchos judíos iban a optar por el bautismo? Imposible dar una respuesta. Lo único que conocemos con certeza es que, durante los cortos meses hasta la salida, hubo intensificación en las predicaciones, de acuerdo con el programa lulliano. Se conserva un documento muy significativo, que se refiere a las aljamas de Torrijos y Maqueda: el licenciado Luis de Sepúlveda, en nombre de los reyes, prometió a quienes se convirtiesen la exención de impuestos durante varios años y la salvación absoluta respecto a cualquier proceso inquisitorial. A los judíos importantes que se bautizaron servían de padrinos los propios reyes o los grandes de la Corte, proporcionándoseles además apellidos que permitían la inmediata adscripción a la nobleza. Así Abraham Seneor pasó a llamarse Fernando Núñez Coronel, fue regidor de Sevilla, miembro del Consejo Real y tesorero mayor del Príncipe de Asturias; su yerno, Mayr, tomaría el nombre de Fernando Pérez Coronel. Se procuró una integración de los neófitos, de acuerdo con su nivel, en la sociedad cristiana. 

Es absolutamente imposible conocer el número de los que se convirtieron o cuántos regresaron para ser cristianos después de la salida. A estos últimos otorgaron los reyes una condición: podían recuperar todos los bienes que hubiesen vendido pagando por ellos exactamente la misma cantidad que percibieran. Era importante ya que muchos especuladores se habían aprovechado de los apremios de la expulsión. Algunos conversos acudieron en ayuda de sus parientes haciéndose cargo de sus propiedades para venderlas luego con tranquilidad, sin malbarato. De todo tenemos noticia, pero sin la posibilidad de convertirla en cifras. Tampoco estamos en condiciones de conocer cuántos se fueron. Los historiadores judíos tienden a exagerar el número: las cifras imaginadas por Netanyahu no resisten el menor análisis. Itzhak Baer, utilizando noticias de Bernáldez, calcula el número de residentes en España en 200.000, de los que se habrían bautizado 50.000, saliendo en consecuencia 150.000; pero esto también resulta excesivo si se tienen en cuenta datos cronísticos de la salida hacia Portugal y Navarra o de los embarques a Marruecos e Italia que se cuentan por centenares. De acuerdo con los datos fiscales, había en Castilla unos 15.000 hogares judíos, aun atribuyéndoles coeficientes muy altos, es imposible que superasen los 80.000 individuos. Al sumar a éstos los residentes en la Corona de Aragón, nos encontramos con un techo de 100.000. Miguel Ángel Ladero piensa que debe rebajarse esta cifra y seguramente tiene razón. Es indudable que la mayoría prefirió el dolor del exilio a la conversión. 

La salida tuvo el tono de un exilio bíblico; era España la nueva Misraim; se entonaron los cantos del destierro y se desplegó el apoyo solidario. La mayor parte de los judíos cruzó la raya de Portugal, donde su estancia quedó limitada en tiempo y espacio. Unos pocos se refugiaron en Navarra desde donde hubo un permiso para viajar hasta los puertos mediterráneos. Los que llegaron a Marruecos fueron objeto de increíbles vejaciones. De modo que los que corrieron mejor suerte fueron los que pudieron instalarse en Italia -nunca se expulsó a los judíos de los Estados Pontificios- y sobre todo en el Imperio turco y Próximo Oriente, identificándose a sí mismos como sefardíes, una palabra que significa solamente españoles. Han conservado, hasta hoy, una lengua derivada del antiguo castellano, con fuertes intrusiones turcas y eslavas, que se conoce como “ladino” (latín). 

Algunos testimonios fehacientes nos ayudan a comprender cuál era el sentir de la época. Escribe el cronista Andrés Bernáldez, que los vio pasar: “ved qué desventuras, qué plagas, qué deshonras vinieron del pecado de la incredulidad”. De modo que las desdichas de los judíos eran consecuencia de su empeño en permanecer en su fe. Los maestros que formaban el Claustro de la Universidad del Estudio General de París se reunieron para redactar una felicitación a los monarcas españoles que habían decidido, al fin, adoptar la “sabia medida” que sus propios reyes tomaran un siglo antes. En Roma el papa Alejandro VI ordenó celebrar fiestas corriendo toros al uso de su tierra. 

Antiamericanismo en España - María Elvira Roca Barea


Fuente: Imperiofobia y leyenda negra, María Elvira Roca Barea. Biblioteca de ensayo Siruela. 

Antiamericanismo en España

Existía un estado de opinión en el país según el cual Estados Unidos no atentaría contra territorios españoles debido a la gran ayuda que se le prestó en la hora de su independencia. Eran amigos. 

Recuérdese que desde la invasión de la Santa Alianza en 1830, Estados Unidos es el único país con el que España ha estado en guerra, excepto alguna escaramuza colonial en Marruecos.

España es uno de los países más antiamericanos de la Unión Europea. Según sucesivos sondeos hechos por la German Marshall Fund, los sentimientos de España con respecto a Estados Unidos son los más fríos de Europa después de Turquía. 

Autor de varios trabajos sobre las relaciones entre España y Estados Unidos, el periodista y escritor Willian Chislett considera que el antiamericanismo español es el resultado de la acumulación sucesiva de seis factores:

1) La guerra Hispanoamericana de 1898
2) El apoyo de Washington a Franco tras la Guerra Civil de 1936-1939
3) El Pacto de Madrid de 1953, por el que se establecieron las bases estadounidenses en España
4) El poco entusiasmo mostrado por Estados Unidos en apoyar la transición española hacia una                democracia tras la muerte de Franco.
5) El apoyo dela Administración Reagan a las dictaduras militares de América Latina.
6) Más recientemente, la invasión estadounidense de Irak en 2003.

Por lo que se refiere al primer factor, no parece demasiado relevante. Es sorprendente la enorme cantidad de españoles con un título universitario que ignoran hoy día que hubo una guerra con Estados Unidos. No se ha olvidado popularmente la invasión de los franceses ni la presencia de los musulmanes pese a los siglos transcurridos, pero sí la guerra Hispanoamericana de 1898. Sin duda, porque los primeros conflictos sucedieron en España misma y acabaron en victoria, mientras que el segundo sucedió fuera de España y acabó en derrota. La acumulación de hechos de arriba, atinada y bien establecida,  en conjunto, admite una interpretación complementaria. Los factores 2 al 6 pueden resumirse en uno: la influencia de la izquierda. Ciertamente hay una relación entre el franquismo y el antiamericanismo español, y también hay una conexión estrecha, histórica y socialmente muy interesante entre el antiamericanismo español y Francia. La larga dictadura explica la buena salud de que disfruta hoy día la mentalidad de izquierdas en España. No solo en el hecho del voto, aunque también. Aquí la derecha no gana las elecciones, las pierde la izquierda. Poquísimos españoles tienen el coraje de decir en voz alta que son de derechas. Son de centro. Algún sociólogo debería hacer una interpretación de profundis sobre el hecho reiterado de que en las encuestas que se elaboran cuando va a haber elecciones, las derechas nunca ganan, aunque luego ganen.  Y si ganan en las encuestas, es por un porcentaje muy inferior al que luego se da en la realidad. A los encuestados no les gusta decir que van a votar a la derecha, que en España existe como una especie de realidad virtual.

Pero lo fundamental es que la mentalidad aceptada y compartida por la mayoría, la opinión pública, la vox populi, es la que determina la izquierda que hay hoy en España y Europa, ya sin tierra prometida y sin dictadura del proletariado, pero con el patrimonio de la brújula moral intacto. El ciudadano de clase media que quiere ser bueno y progresista necesita esa brújula, y por eso la brújula existe. La moral siempre la administra alguien. Esto sucede En España como en Francia, como en el desierto del Gobi. Los vínculos de la izquierda española con la francesa son grandísimos. En realidad, la izquierda española viene de allí. El sistema usado por una y otra para conducir la opinión pública es casi idéntico. Consiste básicamente en apropiarse del mundo de la cultura por medio de subvenciones, premios, cargos y otras sinecuras, y controlar los principales medios de comunicación. Es un procedimiento diseñado por Lenin que Willi Münzenberg llevó a la perfección y resulta de una eficacia arrolladora. Lo explica magníficamente bien Muñoz Molina en su novela-ensayo Sefarad. 

Todos los cultos marxistas, tanto en la etapa ultraortodoxa como en la versión descafeinada actual, son antiamericanos por definición. Puesto que representan la justicia social y la bondad, esto es, la administración de la moral, es de su competencia condenar la impiedad del imperio desde el trono de su superioridad moral. Si a esto sumamos el efecto de la dictadura, que hace que España sea uno de los países más de izquierdas –moralmente- de Europa, porque ser de derechas es socialmente inadmisible, encontramos la explicación del antiamericanismo español, que no es de una forma escandalosa superior al de otros países de la Unión Europea, pero sí un poquito más acentuado. Y lo raro, me atrevería a decir, es que no sea todavía más intenso, teniendo en cuenta todo lo referido. En resumen: la clave del antiamericanismo español resulta de la conjunción de dos factores: la buena salud de la izquierda moral y la influencia francesa, tanto en las izquierdas como de manera general en la vida cultural y social española. 

Pero el antiamericanismo francés no es de izquierdas ni de derechas. Es previo a estas denominaciones.  La intensidad con que se manifiestan los sentimientos antiimperiales en Francia se ve ya claramente en el Siglo de las Luces y necesitaría de una investigación concienzuda. Su arraigo es produndísimo y difícil de exagerar. El novelista Henry de Montherlant lo expresó por boca de uno de sus personajes: “Una nación que logra bajar la inteligencia, la moral, la calidad humana en casi toda la superficie del planeta es algo nunca antes visto en la historia”. 

La lista de promotores del antiamericanismo en Francia que ofrece Philippe Roger es espectacular: Baudeleaire, Stendhal, Charles Maurras, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jean Baudrillard… Además es ajena por completo a la ideología política y se da con igual intensidad en la derecha y la izquierda. 

El antiamericanismo, como todas las leyendas negras, nace en el subsuelo de la frustración y es un fenómeno que tiene que llegar a la superficie maquillado, o sea, justificado por una serie de causas. De otro modo no servirá para aliviar el malestar que ocasiona. 

Los Reyes Católicos y los judíos (cuarta parte)


Cómo se llegó al decreto. 

Asumamos ahora el punto de vista de los inquisidores, pues es importante tener en cuenta las opiniones de ambas partes para comprender este delicado proceso. Con el paso del tiempo se recogían más y más datos acerca de la profundidad y extensión del delito que catalogaban como “judaizar”. De acuerdo con los denunciantes y testigos, que eran creídos, millares de conversos o de descendientes de éstos habían vuelto en secreto al judaísmo, haciéndose circuncidar, observando escrupulosamente las fiestas, ritos y prescripciones dietéticas, conservando sus libros y bebiendo doctrina en el Talmud.  Llegaban de este modo a la conclusión de que esta reconversión al judaísmo era posible porque, amparadas por los reyes que las habían declarado bajo su seguro, subsistían más de doscientas aljamas con sus sinagogas, escuelas, bibliotecas y rabinos correspondientes. Considerando el talmudismo como un mal peligroso, afirmaban, en consecuencia, que en las juderías se hallaba la fuente que debía ser secada. La medida adoptada en las Cortes de Toledo, radical separación entre los barrios, no daba los frutos que se esperaban. Torquemada y los inquisidores por él nombrados entendieron que se les había encerrado en un círculo vicioso: se les pedía que limpiasen la sociedad cristiana de adherencias judías, mientras que se cubría con un velo de protección al propio judaísmo. Término de llegada de todo este razonamiento era que su tarea no podría dar fruto hasta que no se prohibiese la práctica del judaísmo. 

El primer paso lo dieron los inquisidores de la primera hora, Morillo y San Martín, cuando el 1 de enero de 1483 cursaron órdenes para que fuese pregonado en todos los lugares de la diócesis de Sevilla, Cádiz y Córdoba un decreto que daba a los judíos residentes en ellas un plazo breve y perentorio para que saliesen de ellas. Evidentemente, los inquisidores no tenían poderes para adoptar una medida semejante, por lo que se hizo necesaria la intervención del Consejo Real, que actuaba en nombre de los monarcas: este organismo se limitó a confirmar el decreto inquisitorial puntualizando únicamente que, en su salida y en los nuevos lugares de residencia, los judíos estarían en las mismas condiciones de amparo hasta entonces reconocidas. Muchos de los afectados por esta disposición creyeron que se trataba de una medida provisional, y que serían autorizados a regresar cuando las actuaciones inquisitoriales hubiesen concluido. 

Hubo, pues, una primera expulsión limitada a Andalucía, que comenzó a ejecutarse precisamente en Sevilla, donde en el verano de 1484 ya no quedaban judíos. El Barrio de Triana fue repoblado por cristianos, y el Corral de Jerez, última residencia, quedó disponible para otros usos. Las últimas aljamas andaluzas, en Moguer y en Córdoba, se extinguieron en 1485 o, a lo sumo, en 1486. No había juderías en el reino de Granada, excepto esa de Málaga, cuyos miembros, prisioneros de guerra, fueron rescatados y repartidos entre las aljamas castellanas. Durante la guerra aparecen mencionados algunos judíos: se trataba de residentes en otras partes del reino que tenían negocio de suministros a las tropas y a los que se daba permiso especial que no implicaba el restablecimiento del culto judío. 

Esta primera expulsión, que no parece haberse acompañado de las exhortaciones al bautismo, se ejecutó bajo condiciones que habrían de mantenerse en 1492. Mientras tenía lugar, los judíos permanecían bajo seguro real, con libre disposición de todos sus bienes, muebles e inmuebles, estando autorizados  a dar poderes de venta a otras personas para evitar que los precios se envilecieran por la necesidad perentoria de vender. Casi todos los emigrantes se establecieron en las juderías extremeñas como si proyectaran conservar el contacto con los ámbitos de negocio a que estaban habituados. La referencia que se hace a este episodio en el decreto de 1492 -“quisímonos contentar”- da pie a la hipótesis de que los Reyes Católicos hayan concedido, en principio, como solución al problema, el establecimiento de dos zonas en sus reinos, una vedada y otra permitida a los judíos. Se trata de una mera hipótesis de base muy frágil. 

De todas formas, los inquisidores no iban a conformarse con soluciones a medias. Tras el asesinato de Pedro de Arbués, la orden de expulsión de los judíos, emanada del Santo Oficio, aunque contando con el respaldo de los reyes, fue aplicada en Zaragoza y Albarracín. Sectores muy influyentes en la Corte y en la Iglesia estaban llegando a la conclusión de que era preciso alcanzar la “solución final” por la vía recomendada desde el lullismo o por la que siguieron los otros monarcas cristianos. La mentalidad imperante en el siglo XV, cuando madura la primera forma de Estado, consideraba una anomalía la permanencia de dos o más religiones en un mismo territorio. Los nacionalismos incipientes señalaban la coincidencia en la misma fe, como explicaría más tarde Martín Lutero en una de sus principales obras, Discurso a la nobleza cristiana de la nación alemana. El propio Lutero, que al principio abrigó la esperanza de que los judíos se incorporaran a su movimiento acabó mostrándose implacable enemigo de ellos por el estorbo que significaban para esa unidad: cuius regio eius religio. Disponemos de textos que nos permiten conocer que Fernando e Isabel, en más de una ocasión, se expresaron en semejantes términos: la fe era un bien social de tanto valor que merecía se arrostrasen todos los obstáculos para salvaguardarla. Conocían los prejuicios económicos que la medida les iba a acarrear, privando al tesoro de sumas directamente aprovechables, pero los daban por bien empleados para conseguir un beneficio de tanta importancia. 

Se percibe alguna relación entre el término de la guerra de Granada y el decreto de expulsión. Para sostenimiento de aquella que había exigido de los judíos, que no podían tomar parte en la campaña, un castellano de oro al año por cada unidad impositiva. Se produjo ya entonces una importante reducción de la población judía en estos años, pues la estima, que en 1485 alcanzaba los 16.000 castellanos, descendió a 10.000 en 1488. Aunque las sumas atribuidas no obedecen a relaciones matemáticas de población, es indudable que nos hallamos en presencia de una inflexión demográfica. Pueden haber influido las conversiones, pero el factor esencial fue, sin duda, la emigración. Las presiones inquisitoriales indujeron a muchos judíos a marcharse. 

En la preparación del famoso decreto, que sería expresamente anulado el 16 de diciembre de 1968, como consecuencia del estatuto de libertad religiosa, dentro de la vía marcada por el Concilio Vaticano II, se tuvieron en cuenta determinadas condiciones para garantizar la legalidad de la medida. Los reyes, al suspender el permiso de residencia que de ellos dependía, otorgaron un plazo garantizado mediante el seguro real y reconocieron la disponibilidad absoluta de los bienes, lo que no se había otorgado en otros reinos. Prometieron una justicia rápida en los pleitos pendientes -es cierto que se había podido comprobar abundante número d sentencias favorables en el Consejo Real- y autorizaron la constitución de administradores que pudieran ocuparse de los inmuebles no vendidos antes de la salida. Pero la legalidad no es lo mismo que la legitimidad: se olvidaba que aquellas personas obligadas a escoger entre su fe o el destierro, eran las mismas que, durante siglos, ayudaran a construir aquella Monarquía que ahora les declaraba indeseables; por otra parte al existir la posibilidad de permanecer incólumes en su prestigio social y económico, ganando incluso posiciones si se bautizaban, se estaba ejerciendo una presión moral que invitaba a abandonar sus creencias. Aquí estaba la clave del planteamiento, tan difícil de entender desde el orden de valores actual; la fe cristiana era un bien absoluto que debía ser comunicado; la fe judía un mal merecedor de extirpación. 

Huimos, en este trabajo, de formular juicios de valor; pero resulta imprescindible explicar algunos aspectos que permitan entender en todos sus matices y hasta donde es posible la naturaleza del episodio. Ante todo debe señalarse el extremo rigor de las actuaciones. Los delitos que estaba detectando la Inquisición, que abarcaban también casos de brujería, sortilegios y nigromancia, se referían normalmente a prácticas religiosas heredadas que no pasaban de ser hábitos familiares: algunas personas fueron denunciadas porque no encendían el fuego los viernes por la noche o porque visitaban a sus vecinos en tono reconciliatorio el día de la Expiación (Kippur). Los procesos descubrían otro aspecto importante: al cabo de dos o tres generaciones eran muchos los que se mostraban arrepentidos de que sus progenitores hubiesen abandonado el judaísmo, de modo que trataban de recobrar su identidad. Circulaban noticias fantásticas como la que anunciaba el inmediato advenimiento del Mesías porque estaba concluyendo el tiempo del gallut a la que atribuía una pronta destrucción de la Cristiandad, nueva Babilonia, por el sultán de Constantinopla, que sería un nuevo Ciro. 

Entrevista de Muñoz Grandes en el búnker 13 de diciembre de 1942



Franco y el III Reich. Luis Suárez Fernández

El 13 de diciembre de 1942 Muñoz Grandes llegaba por segunda vez al búnker; estaban presentes los generales Jodl y Schmundt, el embajador Hewl y nuestro conocido sonderführer Hoffman, que iba a actuar de nuevo como intérprete. Disponemos de una versión taquigráfica de la conversación que comenzó al imponerse al general español las Hojas de Roble a la cruz de caballero, destacándose la singularidad que este acto revestía. La División Azul figuraba entre las mejores de la Wehrmacht, pero ahora la presencia de los norteamericanos en Marruecos tornaba imprescindible el regreso de don Agustín. Reconoció el Führer su propio error al buscar la amistad con Francia, ya que lo que verdaderamente convenía a Alemania era la amistad con España. Muñoz Grandes preguntó entonces a los allí presentes si tenían noticias de la maniobra que estaba preparando Abd-el-Jalak Torres, el hermano de Abd-el-Krim, para reunir a todos los independentistas marroquíes (de hecho el acuerdo iba a firmarse el 30 de diciembre) y con el beneplácito de Eisenhower poner fin al protectorado francés y en consecuencia al español. Hitler se mostró sorprendido; contaba tanto con Abd-el-Krim, como con el gran mufti de Jerusalén entre los musulmanes partidarios del Reich.
Intervino Jodl. Lo que sus servicios secretos sí conocían era que se estaba alistando en Méjico una división formada por exiliados republicanos, la cual figuraría entre las fuerzas norteamericanas cuando estas se decidieran a desembarcar en la Península. La Wehrmacht estaba interesada en conocer hasta qué punto se hallaba decidido el Ejército español a rechazar dicha maniobra. Parece que la respuesta de Muñoz Grandes fue esta: “La oficialidad joven española está claramente a favor de Alemania, pero otras muchas fuerzas están siendo ganadas poco a poco hacia las potencias anglosajonas por la propaganda de estas o por el dinero. España todavía no está perdida, pero se debe trabajar deprisa”. Parecen muy importantes las reflexiones que de forma inesperada se escaparon entonces al Führer: la decadencia de Inglaterra era ya un hecho comprobado e irremediable, lo que significaba que la jefatura entre los aliados iba a pasar a otras manos. También tenía noticias acerca de un proyecto de Pétain de viajar a Marruecos para unirse a Darlan y a sus antiguos colaboradores, pero él estaba decidido a prestar a Laval toda la ayuda necesaria. Reconocía también sus propios errores en 1940 y 1941; hubiera podido conseguir la entrada de España en la guerra aceptando sus ofertas contra Francia. 

Ante estas palabras tan significativas, Muñoz Grandes dijo: “Quiero viajar a España para comprobar qué aspecto tienen allí las cosas. Conozco el significado que allí tiene mi nombre y sé que no me encontraré solo”. Hablando ahora como un hijo a un padre, pedía al Führer que le aconsejara lo que debía hacer. Se había llegado aun punto clave que demuestra el acierto de Franco cuando evitó que Arrese pudiera hallarse presente en aquel momento. Refiriéndose a la petición de armas, Hitler dijo que antes de entregarlas tenía que saber si iban a emplearse contra los aliados o únicamente para salvaguardar el orden interno. Aludió a la profunda decepción que Rumanía e Italia significaran en este punto, y empleó exactamente estas palabras: “En el caso de que entreguemos armas a España tenemos que saber si España está dispuesta a luchar con ellas, pues a fin de cuentas nosotros entregamos armas a costa de otro frente (…). Había oído -en realidad era el contenido del telegrama de Stohrer del día 11 -que España negociaba con Estados Unidos”.

Muñoz Grandes replicó: si los alemanes podían retener Túnez, a donde habían llegado desde Libia, la entrada de España en guerra sería una consecuencia inevitable. El Führer respondió que estaba plenamente decidido a hacerlo, e iba a enviar sus mejores divisiones, entre ellas la Adolf Hitler y la Hermann Göring. “En tales circunstancias -explicó entonces don Agustín-, no sería difícil llevar a España a una decisión”. Esta era, al parecer, la postura de los alemanes: el retorno del jefe de la División Azul serviría para conseguir que España abrazase la gran causa. Pero Hitler, que había comentado con su colaboradores que esto podía ser una carga, hizo una precisión bien distinta: “La neutralidad española también tiene su ventajas”. Un frente ibérico podía superar las comprometidas posibilidades. 

La verdadera tarea que se encomendaba a Muñoz Grandes desde el despacho del Führer era convencer a Franco de que permaneciese al lado de Alemania, que iba a consolidarse en Túnez, ya que “África pertenece a Europa, de eso no puede dudarse, y a los Estados Unidos nada se les ha perdido en África”. Al final de la guerra se aseguraría a España también una parte del gobierno de aquel continente. En cambio se pediría al Generalísimo la firma de un compromiso, considerando casus belli la instalación de los aliados en Tánger o en la Zona Española de Marruecos. Muñoz Grandes prometió ocuparse de ello y proporcionar información de sus gestiones. Jodl intervino entonces para aclarar otros puntos. Las armas que se iban a entregar seguirían siendo parte del Ejército alemán, de modo que convenía que una comisión española viajase a Alemania para fijar los modos de su empleo. Y sobre todo para fijar el número de divisiones terrestres y aéreas que se utilizarían en España si llegara el caso de una invasión. De las garantías ofrecidas por Roosevelt no había que fiarse; se trataba de presidente más hipócrita en los trescientos años de historia de aquel país.

Se estaba cerrando un capítulo: Muñoz Grandes podía entender que Hitler ya no era el brillante canciller de Berlin ni menos un general de grandes dotes; estaba atrapado en un cubil de lobo. Comprendiendo lo que se le ocultaba, explicó al despedirse que España no necesitaba hombres sino armas para defender el régimen. 


Cómo se eleva un mito - Dionisio Ridruejo , Casi unas memorias


La edición madrileña de Mundo Obrero publicaba el día 19 de noviembre de 1936 la siguiente mancheta junto a su cabecera: “El pueblo ha ordenado ajusticiar al jefe de los asesinos de Falange Española. ¡Cúmplase la sentencia!. Al amanecer la sentencia quedaba cumplida y la prensa y la radio de todo el mundo daban la noticia del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Sin embargo, la España nacionalista no admitiría la realidad del hecho hasta dos años después. En efecto, sólo el 20 de noviembre de 1938 se celebraría en Burgos el primer funeral oficialmente organizado para el fundador de Falange.  Aunque la noticia había corrido por los frentes y las ciudades de retaguardia, pronto se impusieron los contrarrumores. El fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera habría sido una simulación para complacer a las masas revueltas pero, en rigor, éste seguía vivo en consideración a su alto valor como rehén e incluso como instrumento para lanzarlo en su día sobre la retaguardia nacionalista y obtener de ésta una paz razonable. Había que reconocer que la hipótesis tenía sentido. Luego supimos que tanto por simpatía o piedad como cálculo, hombres como Indalicio Prieto en España o Léon Blum en Francia lucharon porque la sentencia no se ejecutase, y que el mismo Azaña sintió una viva contrariedad cuando el hecho se consumó. Aquel argumento de esperanza, válido, sin duda, para el caso de una contienda ordinaria, no lo era tanto en el contexto de un proceso revolucionario. Por otra parte la tesis de la ejecución fingida y el escamoteo del rehén carecía de cualquier prueba de hecho. Por todo ello en el primer momento hubo muchas personas que se resistieron a aceptar lo que era una simple hipótesis adoptada por algunos por conveniencia y por los más -dentro del falangismo- por sentimentalismo o un subconsciente temor a perder la esperanza, ya que la confianza en el jefe era mucho más viva -como con frecuencia sucede entre españoles- que la adhesión a la ideología. Una Falange acéfala -mejor diría huérfana- nos resultaba , a muchos de nosotros, difícil de llevar a puerto a pesar de su impetuoso crecimiento o quizá a causa de él. Pronto se acuñó la palabra “ausente”, que acertaba a significar lo que se pretendía y que seguramente se formó por oposición a la de “presente” que se usaba reiteradamente para honrar a los muertos o “caídos”. El adverbio se nominalizó pronto y “el ausente” fue ya, por definición, José Antonio. 

Pronto fue difícil para cualquiera poner en duda esa presunción, que para unos expresaba un deseo y para otros tomaba la forma de un temor. Sólo a dos personas les oí negar resueltamente que semejante esperanza fuera atendible. El primero fue Andrés Redondo. Vino éste a Segovia no muchos días después de haberse extendido la noticia de la ejecución. Ya he hablado otra vez de Andrés Redondo. Era hermano de Onésimo, el jefe vallisoletano, y le acompañaba en el coche cuando un grupo de milicianos filtrados desde Guadarrama lo abatieron de una descarga cerrada en el pueblo de Labajos. El hermano superviviente fue elevado, de una manera un tanto visigótica, a la jefatura territorial de Castilla la Vieja. Cuando nos visitó en Segovia aún era poco conocido pero pisaba firme. Nos habló de la muerte de José Antonio con grave serenidad, excluyendo de modo terminante que la noticia fuera falsa. Al terminar y para paliar nuestra consternación nos dijo: “Hay que pensar que nada es irreparable. Yo os aseguro que he hablado despacio con Franco, le he visto trabajar y me inspira una gran confianza. Tenemos un jefe”. He de decir que el consuelo que nos ofrecía Redondo nos pareció a todos desgracia sobre desgracia. 

No teníamos contra Franco ningún prejuicio absoluto, pero de ningún modo lo considerábamos nuestro y la equiparación que sugería nos parecía blasfematoria. Nuestra reacción fue bastante viva y, aunque Redondo procuró quitar hierro a su proposición, la fecha había dado en el blanco, acaso porque aquella sustitución se nos había ocurrido a todos como algo tan irremediable como insatisfactorio. Era un sentimiento que no se cancelaría fácilmente y que acaso para muchos no se canceló nunca. 

En términos muy distintos me confiaría su convicción de que la muerte de José Antonio era cosa segura, varios meses después, el jefe de la Junta de Mando, Manuel Hedilla. Hedilla, dentro de lo que le permitía su carácter más bien reservado, hablaba conmigo  con bastante confianza. Más d una vez le oí desahogar las irritaciones o precauciones que le causaban sus conversaciones con el Alto Mando o su brega con los camaradas, tanto con los que le espolean para que tomase el mando resueltamente y en exclusiva como con los que le oponían dificultades o conspiraban para que no pudiera mandar. Aquel día -recuerdo la imagen de un modo concreto- estábamos ambos en pie, ante la ventana de su despacho, mirando al exterior. Me hablaba de sus gestiones para conseguir el canje de Fernández Cuesta, cuya llegada deseaba, quizá para descargarse del peso excesivo que pesaba sobre sus hombros, y se mostraba optimista sobre el caso. “¿Y de José Antonio -le pregunté yo- qué se sabe?”. 

Me miró un momento perplejo. Luego, como quien hace algo con pena, me dijo: “Mira, José Antonio murió el 19 de noviembre del año pasado. Creer otra cosa es querer engañarse. Yo tengo información de la “otra zona” y no me cabe la menor duda. Comprendo que si se les dijese esto claramente a los camaradas se desmoralizarían. Pero hay que aceptar las cosas como son. En realidad esta leyenda de la ausencia de José Antonio ha podido mantener la ilusión de la gente pero no sé si, en el fondo, no nos ha hecho también mucho daño. Eso es vivir de ilusiones y, a la larga, no se puede vivir así. Todo se vuelve provisional. Naturalmente yo soy la última persona para desengañar a quienes creerían que lo hacía por ambición personal. Por eso me interesa tanto que Fernández Cuesta llegue aquí de una vez”. No garantizo, claro es, la literalidad de sus palabras pero sí el sentido. 

Repito que sólo en esas dos ocasiones oí a personas de respeto oponerse a la leyenda general con tanta convicción. El mito de la ausencia se había generalizado en términos casi inconcebibles. Para unos era un verdadero sebastianismo. Para otros una cauta manifestación de zozobra. Lo que me sorprendió más -sobre todo a posteriori- es que la leyenda del escamoteo del jefe falangista prosperase incluso en aquellos lugares donde más parecía interesar la constatación de su muerte. Así en el Cuartel General de Franco. El mismo Franco -me lo confirmó Serrano Suñer- llegó a creer y a decir que José Antonio había sido entregado a los rusos y estaba prisionero en la Unión Soviética, aunque, añadía, allí le hubieran sometido a una mutilación humillante y destructora. Por cierto, hay que decir aquí que a Franco -que había tenido con José Antonio un trato muy escaso- éste no le era simpático y su exaltación constante le molestaba mucho y aún le molestaría más -hasta la irritación- cuando la Unificación puso bajo su mando a las antiguas huestes del “ausente”. Foxá solía decir con gracia que tal cosa era lógica. “Es como si un hombre se casa con una viuda y ésta se pasa día y noche hablando de su primer marido”. Sólo cuando, pasado el tiempo, los falangistas se le mostrarían incondicionales remitió aquella irritación de la que Serrano Suñer me ha contado más de una anécdota expresiva. 

Creo que la larga etapa en que el mito del “ausente” se convirtió en lema oficial contribuyó mucho al proceso de la otra mitificación -la personal- que sufriría la figura del fundador de Falange y a muchos aspectos esa mitificación fue paralizante y convirtió en meros escoliastas y grosores a los no muy abundantes hombres de cabeza -y no me excluyo- que tuvo el falangista aquellos largos años. Desencadenó una beatería inhibitoria y convirtió al personaje en alguien que quizá no hubiera sido ya reconocido por sus inventores de haber vuelto -como se esperaba- con su estatura de hombre real. 

Por cierto que he de consignar mi sospecha de que ese proceso de “transfiguración por la ausencia” produjo, al menos, una obra literaria de positivo interés. Años después de la guerra Gonzalo Torrente Ballester publicó un drama -el mejor de los suyos para mi gusto- titulado El retorno de Ulises. En él se ve a Penélope tejiendo un tapiz con un retrato del ausente de proporciones gigantescas y semidivinas. Quizá lo hace como defensa frente a los pretendientes porque, al final, es solo ella -usando del piadoso acomodo femenino a la realidad- la que reconoce al héroe al que niegan el pueblo, los pretendientes y su propio hijo. Sería muy raro que en esa sutil y bien organizada réplica del argumento homérida no hubiese incidido una experiencia que el autor vivió como todos los residentes en la trágica Babia de los años 36 a 39. 

En rigor el certificante de la muerte de José Antonio fue- como era natural- un notario: su amigo Fernández Cuesta, que antes de salir canjeado de Madrid tuvo, como ya dejé dicho, una detenida conversación con Indalecio Prieto. Para mí es indudable que fue a Fernández Cuesta, y en mano, a quien Prieto entregó el testamento y otros apuntes manuscritos de José Antonio que dibujaban un gobierno de mediación para evitar la guerra. Fernández Cuesta, sin embargo, no los entregó personalmente a nadie sino que los hizo llegar (¿por correo?) a manos de Pilar Primo de Rivera y de Agustín Aznar. Eran ejemplares facsímiles, que hoy llamaríamos fotocopias, de una perfecta e indudable fidelidad. Muchas veces he oído afirmar -a veces en forma de pregunta- que el testamento de José Antonio había sido manipulado y alterado. Debo aclarar que ello me parece absurdo y lo tengo por físicamente imposible. La prueba grafológica que yo mismo hice hacer -tuve el documento en mis manos al momento de su recibo- no dejaba lugar a duda. Las pruebas psicológicas y estilísticas dan el mismo resultado. El documento, por otra parte, lo hice publicar yo mismo en facsímil y no en transcripción tipográfica antes de que se repitiesen estas otras ediciones. Las sospechas de inautenticidad nacieron, a mi juicio, de una coincidencia que no tenía nada de casual: la de que los dos albaceas testamentarios de José Antonio resultaran ser los que en aquel momento aparecían como sus herederos políticos: Serrano Suñer y Fernández Cuesta, el primer hombre del Gobierno de Franco y el presunto jefe de los legitimistas falangistas. Pero para quien hubiera conocido a José Antonio no cabía duda de que ambos habían sido sus mejores amigos: el uno compañero de la Universidad y luego del Parlamento y frecuente colaborador en asuntos jurídicos y confidente de su intimidad; el otro hijo del médico de la familia Primo de Rivera, amigo personal del jefe falangista desde la infancia y su secretario general de Falange por razones de confianza. Y por añadidura, ambos relacionados con las técnicas el Derecho, lo que para un albacea idóneo resulta siempre recomendable. 

Los funerales de José Antonio se celebraron, al fin, en la catedral de Burgos el día 20 de noviembre de 1938. Conservo el folleto de la ceremonia. Previamente se había inciso su nombre en las piedras exteriores del templo, junto a la puerta de la Sacramental. Otro tanto se hizo en todas las iglesias de España. Fue una decisión de la Junta Política de Falange. Al nombre del jefe debían seguir los de los vecinos de cada localidad muertos en acción de guerra. Era la imitación de algo que ya se había hecho en Francia después del 18. Sí, pero aquello era una guerra internacional y los muertos eran de todos los franceses. Aquí la cosa resultaría, más pronto o más tarde, cuestión litigiosa y memoria agresiva. Pero como yo tengo la costumbre de confesar mis culpas, no omitiré el dato de que la orden para que aquella medida se cumpliese fue firmada por mí. Así es la vida. 





El papel del comunismo en la Guerra Civil - Federico Jiménez Losantos


¿Y qué lugar juega en ella el comunismo? Sencillamente esencial. Furet parte de un error habitual en los lectores de Hugh Thomas y Gerald Brennan, que, sin animadversión hacia España ni voluntario sectarismo, desprecian los datos objetivos que explican la Guerra Civil; y que no son estrictamente obra de Stalin, pero sí total y absolutamente comunistas.

Dice Furet:

"La insurrección militar de julio, fiel a la tendencia de la derecha europea en el siglo, se ha justificado por la necesidad de salvar a España del comunismo; en el caso español, la amenaza comunista inexistente es el pretexto para una contrarrevolución de tipo clásico. Pero sirve también para señalar una verdadera revolución popular a la que la revuelta del ejército da  nuevas fuerzas. España ofrece el espectáculo de un conflicto más antiguo que el del fascismo y el antifascismo: en su suelo se enfrentan la revolución y la contrarrevolución."

Por supuesto que en España no existía una amenaza fascista, ni fue fascista en su origen el alzamiento de Franco, ni tuvo que ver con algún tipo de supremacismo racial al modo de Hitler o estatalista a lo Mussolini. Fue, efectivamente, una contrarrevolución... ¡porqué había una revolución! Y en toda Europa desde la Comuna y muy en especial desde la implantación del régimen soviético, como lo prueban los alzamientos de Alemania y Hungría, la revolución solo podía ser, desde Lenin, de signo comunista. O totalitario anticomunista, como los de Hitler y Mussolini, que nada tenían que ver con el 18 de Julio. Es pasmoso presentar como el capricho de un grupito de militares, obispos y duques lo que en el Parlamento había dicho el jefe de la oposición democrática, Gil-Robles, al que quisieron asesinar la misma noche que a Calvo Sotelo: "Media España no se resigna a morir".

Decir que los que entre el 17 y el 19 de julio se alzaron contra el gobierno del Frente Popular -que acababa de respaldar el asesinato del jefe de la oposición tras cinco meses de atrocidades impunes- no sabían contra qué se jugaban la vida, porque no había peligro comunista, es tan frívolo y falso como ignorar que los comunistas de signo marxista o bakuninista no sabían lo que hacían, que, por supuesto, lo sabían. Viendo las versiones condescendientes, cuando no racistas, de algunos historiadores sobre la guerra de España diríase que en 1936 cedimos a ese carácter tan nuestro, locoide, excéntrico, violento, medievalón, gipsy o risqué, que nos lleva de vez en cuando a emprender una bonita guerra civil para deleite del turismo.

No fue así. Lo que el Frente Popular, cuyas fuerzas mayoritarias eran radicalmente antidemocráticas (los comunistas bakuninistas, desde siempre; y los socialistas bolchevizados, desde la derrota electoral de 1933) pretendía desde febrero de 1936 era implantar una dictadura al modo de la leninista en Rusia. Y lo decía. Y lo que atropelladamente y a la defensiva intentó la media España "que no se resignaba a morir", siempre más legalista que la izquierda, fue impedir que les pasara lo mismo que a los rusos bajo Lenin. La diferencia es que en la guerra civil rusa, desatada por Lenin, ganaron los rojos, y en la guerra española, provocada por los rojos, ganaron los blancos. Pero las semejanzas de ambas, en lo civil y en lo militar, son asombrosas.

Sin embargo, Furet, tan crítico y meritorio en tantas cosas, asume el argumento más falaz del Frente Popular en su versión comunista al decir: "¡Estaba tan próxima la represión terrible de la insurrección obrera en Asturias!". En 1934, como dice Madariaga en su libro Spain, perdió la izquierda toda legitimidad para quejarse de ningún golpe de Estado, porque eso es lo que intentó: un golpe de Estado en toda regla contra la República. Ni fue solo en Asturias, ni fue solo obrera, ni hubo tal terrible represión. El golpe de Estado contra la legalidad republicana, por el que Indalecio Prieto, su gran urdidor, responsable del alijo de armas del barco Turquesa, pidió perdón a España antes de morir (algo que hoy se empeñan en olvidar los propios socialistas) fue largamente preparado y perpetrado por las izquierdas, que se negaban a reconocer su derrota electoral a finales de 1933 y a dejar el poder a los partidos vencedores, el Radical y la CEDA. En ese golpe de Estado, al que se unen los separatistas catalanes, y que no por fallido fue menos golpe, unos, los republicanos, trataban de imponer un régimen e la mexicana, impidiendo a las derechas católicas el acceso al poder; y otros, los socialistas, directamente un régimen como el de Lenin y Stalin, una "dictadura del proletariado", es decir, un Estado comunista. Y lo decían.

En febrero de 1936, la blandura, no la ferocidad, en la represión del golpe del 34 por el gobierno legítimo de la República, que debió ilegalizar a todos los partidos golpistas, tuvieron lugar unas elecciones adelantadas que solo obedecían a los cálculos partidistas del presidente Alcalá-Zamora, deseoso de inventar una especia de tercera fuerza entre los dos bloques que, como en toda Europa antes y después, suelen disputarse el poder.

Furet, siguiendo la línea de corriente de la historiografía sobre la Guerra Civil, dice que en febrero de 1936 el Frente Popular ganó "por pocos votos y muchos escaños". No fue así. Perdió en votos y robó los escaños. Solo mediante la manipulación de los resultados y el terror contra los candidatos de derechas para impedirles acudir a la segunda vuelta, se proclamó ganador de unas elecciones que había perdido. El libro de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García -1936: Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. 2017- demuestra de forma incontrovertible que lo que han solido llamarse "irregularidades" fue un fraude descomunal -sesenta escaños- contra la voluntad popular. Pero lo peor es que eso fue el comienzo de un proceso revolucionario que sembró España de centenares de muertos y culminó con el asesinato del jefe de la Oposición Calvo Sotelo por policías de la escolta de Prieto, protegidos por el gobierno, que además se negó a investigar el asesinato.

Eso es lo que decidió a muchos militares, empezando por Franco, que eran conscientes de las escasas posibilidades de éxito, a rebelarse: que, sencillamente, los estaban matando, estaban sacando a punta de pistola, delante de sus familias, a los hombres a los que habían votado, a los líderes de la oposición parlamentaria, para pegarles un tiro en la nuca y dejarlos tirados en el cementerio. Eso lo estaban haciendo los mismo golpistas del 34, los socialistas y comunistas de las dos ramas, marxista y bakuninista, eso es lo que decían abiertamente las Juventudes ya comunistas del JSU y su líder, el "Lenin español", Francisco Largo Caballero: si no podían imponer de inmediato la dictadura del proletariado "irían a la guerra civil". ¡Y dice Furet que no había peligro comunista!


Los Reyes Católicos y los judíos (tercera parte)


Aparece Torquemada

El nombre de fray Tomás de Torquemada se identifica hoy con el de una persona siniestra. Los datos documentales que acerca de él poseemos no permiten, sin embargo, apoyar tal leyenda. Es posible que se le haya concedido más protagonismo del que realmente tuvo. Descendiente de conversos y sobrino de un famoso cardenal que escribiera un tratado en defensa de éstos y lograra mucho éxito en las negociaciones que permitieron resolver el problema de la revolución husita en Bohemia, goza indudablemente de la confianza de la Sede romana. En aquellos momentos era prior de santa Cruz de Segovia. No fue maestro conocido y, por consiguiente, no se señalan intervenciones doctrinales de importancia, pero se esperaba de él que se moviese en la misma línea que defendiera un famoso tío: lo importante no era castigar a los conversos por sus desviaciones, sino conseguir que permaneciesen firmes en la doctrina de la Iglesia. 

El 18 de abril de 1482 Sixto IV redactaría una bula con instrucciones precisas, estableciendo garantías para los conversos que no se habían dado en los primeros momentos y que estaban acordes con las leyes y costumbres de la Iglesia:

- Los inquisidores, respetando las normas del Derecho canónico, tenían que someterse a la autoridad de los ordinarios de cada lugar, los cuales debían ser puntualmente informados de todas las actuaciones. 

- Los abogados defensores de los reos tendrían conocimiento de los nombres de los denunciantes y testigos y de las pruebas por éstos aportadas.

- Una vez pronunciada la sentencia, los condenados tenían derecho de apelación a Roma, la cual tenía que ser admitida y cursada so pena de excomunión. 

- Los conversos que hubiesen sido absueltos por los ordinarios de cada lugar, cumpliendo la penitencia conveniente, no podrían ser juzgados por los inquisidores.

- Del mismo modo los reconciliados -el acto en principio era estrictamente privado- podían hacer público su perdón, convirtiéndose así en escudo contra las denuncias. 

No cabe duda de que con esta bula se restablecía una considerable parcela de justicia, de acuerdo con la doctrina de que la Iglesia era custodia. Fernando la rechazó, escribiendo a Salvio Casseta que de ninguna manera estaba dispuesto a admitir salvo a aquellos inquisidores por él recientemente nombrados. Esto nos obliga a introducir una importante rectificación a la noticia que suele incluirse en los libros de texto: no fueron los reyes sino la Sede romana -o la Orden de los dominicos- quien introdujo el nombre de Torquemada. 

El gobierno de Torquemada

En aquella época la represión por motivos religiosos -pronto se sumarían a ella los protestantes- estaba considerada en toda Europa como deber primordial del Estado. 

No han podido detectarse con precisión casos en que fuera aplicada la tortura.

Torquemada es el verdadero creador del Consejo de la Santa Inquisición, que se reunió por primera vez en Sevilla el 29 de noviembre de 1484. 

El primer auto de fe vallisoletano tuvo lugar el 19 de junio de 1489 con 18 ejecuciones, de las que algunas fueron solamente en efigie. Hemos de admitir, pues, que la que actualmente consideramos como “opinión pública” se manifestaba de acuerdo con los rigores de la Inquisición, sin que hayan llegado a nosotros criterios discordantes. A esto se acomodaron los reyes, aunque no puede decirse que intervinieran para estimular los odios y sí, en contadas ocasiones, para mitigarlos.